Valparaíso vive una contradicción que ya no se puede seguir ocultando: genera riqueza, pero no la retiene; sostiene empleo, pero no lo defiende; soporta costos, pero no decide sobre ellos. Y lo más complejo es que esta situación ya no depende solo del nivel central. Hoy también hay decisiones locales y silencios que están profundizando el problema.
Cuando el Estado reformó el sistema portuario mediante la Ley 19.542, estableció un modelo pensado para la eficiencia logística del país. Eso permitió modernizar los puertos, pero dejó un vacío clave: no aseguró que las ciudades puerto recibieran una parte justa de la riqueza que generan.
En Valparaíso, eso se ve con claridad. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, más de la mitad del empleo está en servicios, comercio y turismo. Es decir, la ciudad vive principalmente de esa economía cotidiana. En cambio, la actividad portuaria según estimaciones de la Universidad Andrés Bello junto a la Empresa Portuaria de Valparaíso representa alrededor de un 4% del empleo en el Gran Valparaíso.
Este dato es clave para entender todo lo demás. El puerto es importante, pero no es el principal generador de empleo. Genera mucho valor económico, pero relativamente pocos puestos de trabajo en la ciudad. En cambio, el turismo y los servicios generan la mayor parte del empleo local.
Entonces, cuando alguien diga que “todo depende del puerto”, ya tienes un argumento claro para responder: no es así.
Pero hay otro punto igual de importante. Mientras la riqueza del puerto se contabiliza a nivel nacional o empresarial, los costos se quedan en la ciudad: congestión, presión sobre la infraestructura, conflictos de uso del borde costero, contaminación y una relación cada vez más fragmentada con el mar.
Dicho en simple: la riqueza circula, pero los costos se quedan. Hasta ahí, el problema es estructural. Pero lo que hoy resulta más grave es lo que está haciendo o dejando de hacer la propia ciudad.
Porque mientras Valparaíso no logra capturar la riqueza del puerto, tampoco está defendiendo con decisión su principal fuente de empleo: el turismo, los servicios y la vida urbana.
Y aquí aparece un hecho concreto que no se puede pasar por alto. El FITVAL es uno de los espacios más importantes para proyectar la ciudad, activar su economía cultural y fortalecer el turismo. No es un evento decorativo. Es parte de la economía real.
Sin embargo, el municipio no participó, no apoyó y hasta ahora no ha explicado por qué.
Y ese silencio importa. Porque cuando una autoridad no da explicaciones, deja a la ciudadanía sin herramientas para entender, discutir y decidir. Y eso debilita a la ciudad.
Aquí hay una idea que es importante que la gente se lleve: si no defendemos los sectores que generan empleo, nadie lo va a hacer por nosotros.
Hoy Valparaíso está en el peor escenario posible. No captura plenamente la riqueza del puerto, no impulsa con fuerza su economía de servicios y turismo, y además carga con los costos de un modelo que no controla.
Eso no es desarrollo. Es desequilibrio. Y ese desequilibrio no se corrige solo. Se corrige cuando la ciudadanía entiende cómo funciona su propia economía y exige decisiones coherentes.
Por eso esta no es solo una discusión técnica. Es una discusión política que tiene que darse en todos lados: en los barrios, en los espacios comunitarios, en las organizaciones.
Porque la pregunta de fondo no es solo qué está pasando. La pregunta es quién está defendiendo el futuro de Valparaíso. Y esa, hoy, sigue sin respuesta clara.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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