Valparaíso lleva décadas aprendiendo una lección cara: el Estado construye, el privado cobra y la ciudad paga la cuenta. Bajo la plaza más patrimonial del puerto hay una pregunta que nadie quiere contestar, y que quizás explique por qué esta vez el cuento suena tan conocido.
En 2010 la derecha aprobó en meses un royalty minero de su propio gobierno. En 2004 y en 2023 lo combatió cuando lo proponían otros.
Cuando ganan, son expertos; cuando pierden, la culpa es del mundo.
Carabineros, máquinas y un deslinde que nadie ha mostrado. En San Antonio el Estado llegó rápido y con fuerza al cerro de Barrancas; lo que no llegó fue la explicación.
El gremio de las navieras dice que el Puerto Exterior puede esperar hasta 2045, y el Estado, que no puede esperar más. Ambos hablan de contenedores, plazos y concesiones.
El aluvión de Las Condes no es solo una tragedia: es una pregunta sobre quién decide dónde se construye, a quién se protege primero y por qué un Estado tan veloz para declarar una catástrofe no siempre lo es cuando el barro llega a otros barrios.
