Susana Jiménez, actual presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) desde diciembre de 2024, hasta ayer, ha levantado su voz en el debate económico nacional, especialmente en lo referente a la reforma tributaria y la competitividad del país. Su principal argumento se centra en la necesidad de una rebaja más ambiciosa del impuesto corporativo, sugiriendo incluso reducirlo al 23%, alineándose con el promedio de la OCDE y buscando impulsar la actividad económica.

Si bien la preocupación por la competitividad es legítima, resulta imposible no contrastar esta insistencia con un problema profundamente arraigado en Chile: la evasión tributaria. Las cifras son escalofriantes: se estima que la evasión asciende a 13.500 millones de dólares anuales. Esta suma colosal, para una economía como la chilena, representa una oportunidad perdida para transformar áreas cruciales como la salud y la educación públicas.

Con solo una fracción de este dinero, podríamos construir decenas de hospitales de alta complejidad, renovar miles de escuelas, aumentar los salarios de profesores y personal de salud, eliminar listas de espera y financiar becas universitarias.

La crítica se vuelve más severa al observar la disparidad en el trato judicial. Mientras "los pobres llenan y se pudren en las cárceles", los poderosos responsables de evadir millones suelen enfrentar únicamente multas y "clases de ética". Esta realidad genera una profunda sensación de injusticia y alimenta la percepción de que existe un sistema que protege la delincuencia de cuello blanco. Los casos de corrupción política y colusión como los ampliamente conocidos evidencian una malversación de fondos públicos que perjudica a toda la sociedad.

Resulta contradictorio que la CPC, representante de los grandes grupos económicos, abogue con tanta vehemencia por una disminución de la carga tributaria sin dedicar igual o mayor esfuerzo a combatir la evasión que algunos de sus propios miembros o representados realizan. Cada peso evadido por una gran empresa tiene un impacto mucho mayor en las arcas fiscales y en el bienestar de la ciudadanía que la omisión de una boleta por parte de un pequeño comerciante.

La evasión tributaria no es un simple tecnicismo legal; es una traición a la sociedad y a la patria que roba oportunidades y perpetúa la desigualdad. El Estado, y particularmente el sistema judicial, son criticados por su falta de firmeza al castigar estos delitos, convirtiéndose en un "cómplice silencioso".

Por lo tanto, antes de siquiera plantear la discusión sobre una nueva rebaja del impuesto corporativo, la CPC tiene una responsabilidad ética, moral y social ineludible: liderar una cruzada contra la evasión tributaria. Necesita exigir mayor transparencia a sus socios y miembros, promover prácticas empresariales responsables y presionar por un sistema judicial que persiga y sancione con la severidad que estos delitos económicos merecen.

Solo cuando se demuestre un compromiso real y efectivo en la reducción de los astronómicos montos evadidos anualmente, cuando la justicia actúe con equidad sin importar el poder económico del infractor y cuando la evasión deje de ser un lastre que impide el desarrollo social, se podrá discutir con legitimidad posibles ajustes a la carga tributaria de las empresas. De lo contrario, la insistencia en la rebaja impositiva no es más que una muestra de una doble moral inaceptable, que prioriza el beneficio de unos pocos por sobre el bienestar de la mayoría.

La CPC tiene la oportunidad de demostrar que su preocupación por el país va más allá de sus propios intereses financieros. Este compromiso empieza por exigir y trabajar por una justicia tributaria real.

Jorge Bustos