Hay personajes que confunden la patria con un club de yates y el deber cívico con una cuenta corriente en Sanhattan. En esa selecta estirpe brilla con luces de bengala Edmundo, para los amigos de la cofradía, un almirante en retiro que jura llevar el tricolor tatuado en el pecho, pero cuyo concepto de «soberanía» parece reducirse a cuidar las ganancias del 0,1% más rico y pasar a saludar a los criminales de lesa humanidad a Punta Peuco para no perder la costumbre.
Para Edmundo, el patriotismo es un espectáculo de opereta. Es vestirse de gala, fruncir el ceño en Twitter para amenazar con invadir vecinos en tres días o descubrir conspiraciones intergalácticas en cada esquina, mientras en el mundo real defiende con garras y dientes el verdadero botín: el litoral chileno. Porque cuando el Estado intentó insinuar que una de las formas de las concesiones marítimas debía volver a la administración civil, ordenada y orientada al desarrollo nacional y a las comunidades, a nuestro ex almirante de salón le dio un ataque de espanto corporativo empresarial.
Para esta casta, la patria jamás han sido los pescadores artesanales, ni los porteños ahogados en contaminación, ni las familias que ven cómo le arrebatan su territorio y su acceso al mar. Y para entenderlo no hace falta recurrir a ninguna teoría conspirativa. Basta mirar Valparaíso.
Ahí está la histórica Playa San Mateo, un enclave fiscal que termina puesto a disposición de necesidades navales y ejercicios anfibios, se transa entre cuatro paredes mediante un protocolo de acuerdo entre la Armada, ASMAR y la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV). ¿El gran sacrificio por la patria? Consistió en entregar la playa para explanadas de acopio portuario a cambio de un nuevo acceso vehicular al Molo de Abrigo y, como si aquello fuera poco, 132 ó 135 estacionamientos exclusivos para el personal uniformado.
Hay que detenerse un segundo en esto, porque aquí aparece la verdadera dimensión del problema. Mientras a los porteños se les explica desde hace décadas que el borde costero es un territorio estratégico, que hay que protegerlo, que existen razones de seguridad y que todo debe hacerse pensando en el interés nacional, una playa fiscal puede terminar convertida en moneda de cambio entre organismos del Estado para resolver necesidades operativas y corporativas privadas.
Ese parece ser el particular concepto de soberanía de los señores del uniforme: cambiar patrimonio y acceso al mar de los porteños, por accesos vehiculares y estacionamientos. Todo bajo el respetable manto de decretos, resoluciones y protocolos administrativos, donde la palabra público termina adquiriendo un significado bastante curioso: público para justificar la decisión, pero no necesariamente para decidir sobre ella.
Y aquí está el punto que Edmundito y sus camaradas parecen olvidar: la soberanía no consiste solamente en defender las fronteras frente a un enemigo externo. También consiste en que los chilenos podamos decidir qué hacemos con nuestro propio territorio. El mar, las playas y el borde costero no son patrimonio de una institución, de una empresa ni de una casta. Son patrimonio nacional.
Por eso resulta tan conveniente hablar de soberanía cuando se trata de uniformes, fronteras y enemigos imaginarios, pero bastante menos cuando la discusión toca los negocios que se desarrollan sobre nuestras costas. Porque entonces aparecen las concesiones, los privilegios, los monopolios y esa curiosa costumbre de administrar bienes públicos como si fueran parte del mobiliario de una corporación privada, que nos ha despojado de la renta de nuestro puerto por cas tres décadas.
El patriotismo de Edmundo y sus camaradas termina siendo un chiste de mal gusto: uno donde algunos justifican a violadores de derechos humanos en nombre de la camaradería, mientras otros transan playas de Valparaíso por estacionamientos y defienden modelos de concentración económica que terminan beneficiando siempre a los mismos.
La verdadera defensa de Chile no se hace con desfiles de salón, amenazas tuiteras ni trueques de oficina. Se hace defendiendo el patrimonio público, usando las leyes que nos permite defender de verdad La Patria, garantizando el acceso de las comunidades al mar y obligando a que cada decisión sobre nuestro litoral responda al interés nacional y no a la comodidad de quienes tienen el poder para decidir entre cuatro paredes.
Porque acá la razón no es de quién grita más fuerte ¡Viva Chile! Y la pregunta es bastante más sencilla: ¿quién está haciendo negocio con los bordes costeros de Chile mientras otros miran el desfile?
Jorge Bustos
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