He leído con atención su columna “La crisis sin freno de Valparaíso” publicada en la página 28 de la Tercera de hoy 5 de julio. Reconozco que describe con precisión los síntomas del grave deterioro que afecta a nuestra ciudad: declive comercial, locales vacíos, inseguridad creciente, abandono patrimonial y migración de residentes. Sin embargo, y con el respeto que su trabajo merece, me permito señalar que, al igual que muchos otros análisis, su mirada, aunque necesaria, no alcanza a revelar la raíz profunda de esta parálisis.

La crisis de Valparaíso no es solo una suma de problemas de gestión y delincuencia, por más serios que sean. Es la consecuencia directa de una transformación estructural y legal que retiró la riqueza de la ciudad y la concentró en una mano, dejando a la ciudadanía con las “migajas” que usted menciona de manera indirecta.

Permítame ilustrarla: la verdadera fractura entre el puerto y la ciudad comenzó con la Ley 19.542 de 1997. Esta norma, orientada a la “modernización portuaria”, convirtió una empresa estatal vinculada a la vida urbana y laboral de Valparaíso en un negocio gestionado por 2 operadores privados globales, cuyo foco dejó de ser el desarrollo local para concentrarse en la eficiencia y la rentabilidad.

Así nació el “puerto-enclave”: una burbuja de tecnología y logística que opera de espaldas a la ciudad. La riqueza que se genera allí no permea hacia la economía local. En vez de beneficiar a trabajadores, barrios y emprendimientos, los ingresos fluyen hacia las 2 concesionarias privadas y la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), que paradójicamente funciona más como una inmobiliaria industrial que como promotora del desarrollo de la ciudad que la alberga.

Los datos lo confirman. Mientras el puerto opera con una eficiencia sin precedentes, la ciudad asume los costos: congestión vial, deterioro de infraestructura, contaminación ambiental, y una muralla que bloquea el borde costero. El aporte al municipio por patentes comerciales es un chiste frente a los miles de millones que se facturan. En la práctica, Valparaíso subsidia una operación que no retribuye lo que consume, en pocas palabras, la ciudad subsidia el enriquecimiento del monopolio con su empobrecimiento.

Esta es la paradoja que pocos advierten: la crisis no es fruto del azar, sino de un modelo fallido de concesión que priorizó la logística por encima del bienestar ciudadano y  urbano. El debate no es eliminar el puerto, sino transformarlo.

Un “plan de choque”, como usted propone, no puede limitarse a mejorar la seguridad o la limpieza. Debe rediseñar la relación puerto-ciudad. Esto implica nuevas concesiones condicionadas a la integración urbana, mecanismos de transferencia real de valor (como un royalty municipal, un pago justo, un modelo de concesión que no sea monopólico, que la competencia se exprese) y una gobernanza reformada en la EPV que incluya a la ciudadanía en decisiones estratégicas.

Solo cuando Valparaíso recupere el control sobre  uno de sus motores económicos y se garantice que la riqueza del mar se traduzca en prosperidad para sus calles, cerros y habitantes, podremos salir de este laberinto sin freno que usted plantea.

Defendamos la Ciudad

Jorge Bustos