Entre los comentarios que dejó la Cuenta Pública de José Antonio Kast, hubo uno que llamo la atención. Una seguidora escribió que, de todos los anuncios presidenciales, el que más le preocupaba era la intención de permitir que las tierras indígenas pudieran hipotecarse. Su inquietud llevó a revisar la historia de un pueblo que perdió el 95% de su territorio y a preguntar si esta discusión se trata realmente de “libertad económica” o de algo mucho más profundo. Esta columna nace de esa inquietud y de la convicción de que un país que olvida su historia corre siempre el riesgo de volver a repetirla.
La propuesta de José Antonio de permitir que las tierras de nuestros ancestros puedan ser hipotecadas ha sido presentada como una medida de libertad económica. Sin embargo, para entender realmente esta propuesta hay que mirar más allá de los bancos y los créditos. La pregunta de fondo es simple: ¿por qué las tierras Mapuche tienen una protección especial que hoy se pretende eliminar?
Durante siglos, el pueblo Mapuche mantuvo su autonomía territorial y política al sur del Biobío. La propia Corona Española reconoció esa realidad mediante una serie de parlamentos celebrados entre los siglos XVII y XIX, donde se establecieron fronteras, mecanismos de convivencia y reconocimiento mutuo entre ambas partes. Hasta hoy, una parte importante de los dirigentes Mapuche sostiene que esos acuerdos mantienen vigencia histórica y política, porque nunca fueron reemplazados por un pacto libre entre iguales, sino por la imposición de la fuerza. La llamada "Pacificación de La Araucanía" no fue un acuerdo entre pueblos. Fue la ocupación militar de un territorio que el Estado chileno decidió incorporar por las armas entre 1861 y 1883.
Las consecuencias fueron devastadoras. Diversos estudios históricos estiman que antes de la ocupación militar el pueblo Mapuche controlaba cerca de diez millones de hectáreas de territorio ancestral. Tras la radicación forzosa, quedó reducido a poco más de quinientas mil hectáreas distribuidas en reducciones indígenas. En pocas décadas perdió alrededor del 95% de sus territorios históricos. No fue una compraventa entre partes equivalentes ni una negociación libre. Fue la consecuencia de una profunda asimetría de poder entre un Estado armado y una nación derrotada militarmente. Por eso las restricciones sobre las tierras indígenas no nacieron como un privilegio. Nacieron como una protección frente a una historia concreta de despojo.
Existe además una paradoja que merece reflexión. La Araucanía fue una de las regiones donde José Antonio obtuvo algunos de sus mejores resultados electorales y donde las fuerzas que respaldan a su gobierno alcanzaron importantes triunfos parlamentarios. Sin embargo, ese mismo territorio es el escenario histórico del mayor despojo territorial sufrido por un pueblo originario en Chile. La contradicción no está en los votos, porque cada ciudadano tiene derecho a elegir libremente. La contradicción está en que la región donde las heridas de esa historia siguen más presentes es también aquella donde hoy encuentra mayor respaldo una propuesta que busca flexibilizar la protección de las tierras que sobrevivieron a ese proceso.
La paradoja es aún mayor porque el territorio donde hoy se pretende flexibilizar la protección de las tierras indígenas sigue siendo una de las zonas más intervenidas por el Estado chileno. Durante años, La Araucanía ha permanecido bajo estados de excepción constitucional y una presencia militar permanente, justificada por conflictos asociados a la industria forestal, ataques incendiarios y hechos de violencia. Sin embargo, la historia reciente también ha estado marcada por graves abusos contra dirigentes y comunidades mapuche. El montaje de la Operación Huracán demostró que organismos del Estado fueron capaces de fabricar pruebas contra dirigentes mapuche para sostener una narrativa de persecución y criminalidad.EL asesinato de Camilo Catrillanca expuso el uso ilegítimo de la fuerza estatal contra comunidades indígenas. Y la desaparición de Julia Chuñil mantiene abierta una herida que aún exige verdad y justicia. Todo ello alimenta una pregunta inevitable: ¿cómo pedir confianza a un pueblo cuya relación con el Estado ha estado marcada no solo por el despojo territorial, sino también por décadas de militarización, montajes policiales, violencia y sospechas?
El problema de la propuesta de José Antonio no es económico. Es histórico. Cuando se habla de hipotecar tierras del Pueblo Mapuche se habla de incorporar al mercado financiero territorios que fueron protegidos precisamente porque la experiencia demostró que las relaciones económicas no ocurrían entre actores con igual poder. La legislación indígena chilena surgió del reconocimiento de que la tierra para los pueblos originarios no es simplemente un bien comercial, sino también un elemento central de identidad, cultura, memoria y supervivencia colectiva. La historia enseña que cuando las reglas son iguales para quienes tienen fuerzas profundamente desiguales, los resultados rara vez son justos.
Después de que un pueblo perdió el 95% de su territorio bajo condiciones de evidente desigualdad, la pregunta que Chile debería hacerse no es cómo facilitar que las últimas tierras protegidas entren al mercado. La pregunta es si hemos aprendido algo de nuestra propia historia o si estamos dispuestos a repetir, con nuevos instrumentos, viejos errores. Porque hipotecar la tierra puede parecer una decisión económica. Pero para un pueblo que ha vivido el despojo, también puede significar hipotecar su memoria, su identidad y su futuro.
Jorge Bustos
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