Hay algo profundamente indigno y peligrosamente revelador en la forma en que un gobierno que prometió “cambiarlo todo” decide irse: dejándole la mesa servida al mismo empresariado que por décadas ha gozado de un monopolio portuario que empobreció a Valparaíso. No se van como autoridades que rinden cuentas al país, sino como empleados diligentes que cierran tareas pendientes para quienes realmente mandan.
El apuro por aprobar, vía Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva), el proyecto más cuestionado por la ciudadanía porteña, en paralelo a la renuncia de la autoridad clave del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), no es una casualidad administrativa. Es una señal política. Y es una señal brutal: la transición de gobierno no es una transición de modelo, sino de administradores del mismo negocio.
El llamado Acuerdo por Valparaíso es el símbolo más claro de esta claudicación. Un acuerdo firmado por autoridades que, acto seguido, debían fiscalizar, evaluar o pronunciarse técnicamente sobre los mismos proyectos que ese acuerdo buscaba viabilizar. Cuando los organismos públicos firman compromisos políticos con el titular del proyecto en este caso la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) dejan de ser árbitros y pasan a ser parte interesada. Desde ese momento, la imparcialidad deja de existir y la fiscalización se transforma en una formalidad vacía.
Lo más grave es que los organismos contralores y fiscalizadores aceptaron este marco sin ejercer oportunamente sus facultades. La Contraloría General de la República, que debió haber actuado de manera preventiva frente a un acuerdo que comprometía la independencia administrativa, reaccionó tarde y con excesiva deferencia hacia los informes de las mismas autoridades cuestionadas. Así, el control se volvió circular: los firmantes del acuerdo explicándose a sí mismos por qué no había problema alguno.
¿Y la ciudadanía? Otra vez al margen. Otra vez informada cuando todo está decidido. Otra vez enfrentada a un relato tecnocrático que disfraza de “desarrollo” lo que no es más que la continuidad de un monopolio portuario que ha concentrado riqueza, expulsado actividades urbanas y condenado a Valparaíso a la decadencia. El mismo modelo que prometieron desmontar es el que hoy blindan por 30 años más, antes de irse.
Por eso la imagen es tan clara como incómoda: los que se van no actúan como un gobierno saliente responsable, sino como empleados eficientes del poder económico que seguirá operando con el próximo gobierno. No hay conflicto, no hay resistencia, no hay siquiera pudor. Solo gestión diligente para que nada esencial cambie.
Valparaíso no empobreció por casualidad. Empobreció porque durante décadas las decisiones estratégicas se tomaron a puertas cerradas, entre autoridades transitorias y empresarios permanentes. Cuando un gobierno que llegó prometiendo romper esa lógica decide, en sus últimos días, consolidarla, queda claro que el problema no es solo quién gobierna, sino para quién gobierna.
Y hoy, una vez más, gobiernan para los mismos de siempre.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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