Las declaraciones del ministro de Transportes, Louis de Grange, a Portal Portuario merecen una discusión seria, especialmente cuando instala como prioridad del Gobierno la llamada “facilitación regulatoria”, es decir, flexibilizar o intentar sortear controles legales para acelerar proyectos de infraestructura portuaria, como ya se ha denunciado en el caso del Parque Barón, donde existen cuestionamientos por eventuales irregularidades, elusión ambiental y uso de recursos públicos.
En Chile, las regulaciones ambientales, urbanas y patrimoniales no son obstáculos ideológicos que puedan relativizarse según las urgencias económicas del Gobierno de turno. Son normas obligatorias del Estado de Derecho.
Y resulta todavía más preocupante escuchar este tipo de planteamientos en alguien que no solo ocupa el cargo de ministro, sino que además ha construido gran parte de su trayectoria académica y profesional precisamente en materias de planificación urbana, transporte e infraestructura. Louis de Grange no puede alegar desconocimiento técnico sobre los impactos territoriales, urbanos y ambientales que generan este tipo de proyectos.
La Constitución Política de la República, elaborada precisamente por sectores políticos cercanos a la visión que hoy representa el oficialismo, establece en sus artículos 6 y 7 el principio de juridicidad, que obliga a todos los órganos del Estado a actuar dentro de sus competencias y conforme a la Constitución y las leyes. Eso incluye, por supuesto, al Ministerio de Transportes.
La Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente tampoco establece que las evaluaciones ambientales deban “facilitarse” para acelerar inversiones. Su objetivo es precisamente prevenir impactos ambientales, garantizar evaluación técnica y proteger, por sobre todo, el interés público frente a proyectos de alto impacto.
Por eso el problema no es la falta de conocimiento técnico. El problema es utilizar ese conocimiento para empujar una lógica donde las regulaciones comienzan a verse como obstáculos que deben flexibilizarse cuando interfieren con grandes intereses económicos.
Y ahí aparece una visión profundamente centralista y tecnocrática del territorio: ciudades como Valparaíso terminan reducidas a nodos logísticos al servicio de cadenas de carga y exportación, mientras las comunidades locales absorben contaminación, fragmentación urbana, deterioro patrimonial y pérdida de calidad de vida.
En el caso de Valparaíso, además, no estamos hablando de cualquier territorio. Estamos hablando de una ciudad con condición de Sitio de Patrimonio Mundial, donde existen obligaciones nacionales e internacionales de resguardo patrimonial, urbano y paisajístico.
Por eso resulta delicado, aunque no sorprendente, que un ministro impulse públicamente un proyecto como el T2 mientras siguen existiendo controversias jurídicas, observaciones técnicas y cuestionamientos ambientales aún no resueltos completamente.
Las normas ambientales y urbanas no existen para frenar el desarrollo. Existen porque la propia República entendió que el crecimiento económico sin límites legales puede producir daños irreversibles sobre ciudades, ecosistemas y comunidades, como ya ha sucedido con el empobrecimiento y deterioro de ciudades puerto como San Antonio y Valparaíso.
Parece contradictorio invocar el respeto irrestricto a la institucionalidad cuando se trata de orden público o seguridad, pero considerar que las regulaciones ambientales y urbanas deben “facilitarse” cuando interfieren con grandes intereses económicos que no tributan en el territorio, cuyas casas matrices están lejos de la ciudad y cuyas patentes no tienen relación alguna con las enormes ganancias que obtienen desde el territorio.
Porque las leyes que hoy algunos parecen mirar como obstáculos no fueron redactadas por activistas antisistema. Fueron creadas por el propio Estado chileno y aprobadas por gobiernos y parlamentos donde participaron activamente los mismos sectores políticos que hoy llaman a “facilitar” regulaciones.
La evaluación ambiental no es un trámite político. La planificación urbana no es una molestia burocrática. Y el patrimonio de Valparaíso no puede quedar subordinado únicamente a indicadores de eficiencia logística que han terminado concentrando riqueza fuera del territorio mientras la ciudad se deteriora.
El desarrollo de un país no se mide solo por la velocidad con que se aprueban proyectos, sino por la capacidad de respetar sus propias leyes, proteger a los habitantes de sus ciudades y garantizar que el interés económico no termine imponiéndose sobre el interés público.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad Región Valparaíso
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