Tres potencias nucleares se sentaron en Shenzhen a repartirse el futuro del mundo, y la fotografía ocupó los titulares. Pero basta mirar quién opera el cobre, el litio y los puertos de Chile para entender que la pregunta de fondo no se discutió allá: se está resolviendo acá, contrato a contrato, sin que nadie nos pregunte.
El 19 de noviembre de 2026 Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump se reunieron por primera vez en una cumbre trilateral, en Shenzhen, para hablar de paz y estabilidad estratégica. Trump habló de hacer historia, Xi de la responsabilidad de las grandes potencias con la estabilidad mundial y Putin de intereses compartidos y de conflictos regionales por resolver. Las fotografías son magníficas. Lo que no figura en ellas es que Ucrania estuvo en los discursos de apertura y desapareció de la declaración final, igual que la guerra de Irán, y que no salió ni un solo compromiso concreto para detener ninguna de las dos. Una foto histórica no es un acuerdo de paz, y quien las confunde suele ser el que no estaba sentado a la mesa.
Estados Unidos intenta conservar su predominio, China amplía su influencia económica, tecnológica y política y Rusia pelea por seguir siendo una potencia que pese en las decisiones. No son proyectos idénticos ni tienen la misma fuerza, pero comparten algo que en Chile solemos olvidar: los tres defienden intereses nacionales, no los nuestros. Algunos miran a Pekín como si fuera la emancipación que nunca llegó desde Washington; otros creen que la seguridad es quedarse bajo el paraguas de Estados Unidos. Ambos razonan igual, porque confunden el interés de una potencia con el interés de un pueblo. Ninguna es una organización de beneficencia, y la historia de América Latina enseña que cambiar de socio comercial, de financista o de proveedor tecnológico no es conquistar soberanía si se sigue sin poder decidir qué hacer con lo propio.
Para comprobarlo no hace falta viajar a China. Chile tiene cobre, litio, agua, energía, una costa interminable y una posición privilegiada en el comercio del Pacífico, y conviene mirar cuánto de eso decide realmente Chile. En 2025 Minera Escondida, controlada por la australiana BHP, produjo 1.345.100 toneladas de cobre fino, y las divisiones propias de Codelco, 1.334.445. Por primera vez una sola operación privada superó a toda la producción propia de la empresa que debía ser el orgullo del Estado. Es cierto que, sumando sus participaciones en otras compañías, la producción atribuida a Codelco llegó a 1.439.732 toneladas, pero el dato sigue ahí, y una empresa privada extrajo más cobre que todas las divisiones de Codelco juntas.
En el litio ocurre algo parecido, aunque más sutil. El Estado logró el 50,01% de la asociación entre Codelco y SQM en el Salar de Atacama, y a primera vista eso parece una victoria. Pero solo hasta 2030 la gestión operacional sigue en manos de SQM, y solo desde 2031 pasará a Codelco. Tener la mayoría de las acciones no es lo mismo que tener el mando, y el que maneja la operación día a día es quien decide qué se extrae, cómo y para quién. La propiedad que no gobierna se parece mucho a un título de papel.
Los puertos son el capítulo que mejor muestra el mecanismo. La infraestructura sigue siendo del Estado, pero la operación de los terminales de contenedores de San Antonio está concesionada: en San Antonio Terminal Internacional, el 50% es de la estadounidense SSA Marine y el otro 50% corresponde a la participación que SAAM vendió a la naviera alemana Hapag-Lloyd, mientras que Puerto Central lo opera DP World, de Emiratos Árabes Unidos. El puerto mueve millones de toneladas y sostiene el comercio exterior del país, pero a quienes viven a su sombra les toca la contaminación, el tráfico y la presión sobre la ciudad, y siguen esperando que tanta riqueza se convierta en empleo digno y en desarrollo urbano.
Nada de esto nos lo impuso Pekín, Washington ni Europa. Lo decidimos en Chile. En 1997 la Ley 19.542 modernizó el sistema portuario estatal y abrió la puerta a las concesiones privadas, y después las reglas destinadas a limitar la integración entre navieras y operadores comenzaron a flexibilizarse. En 2006 el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia autorizó subir del 40% al 60% el límite de integración vertical en San Antonio Terminal Internacional, a solicitud de SAAM, entonces vinculada a CSAV. Una regla pensada para que los grandes usuarios, las navieras, no concentraran demasiado poder sobre los terminales fue corregida para permitir que concentraran más. No hablo de colusión ni de ilegalidad probada, hablo de decisiones regulatorias que fueron moviendo la cancha, una a una, a favor de los mismos actores, a ustedes les toca interpretar los hechos.
Hoy, con nuevas concesiones en el horizonte, la discusión vuelve a abrirse. El procedimiento NC-542-2024 ante el TDLC, sobre la futura concesión conjunta de los terminales 1 y 2 de Valparaíso, demuestra que el asunto sigue vivo, y lo que se juega no es si un grupo puede tener el 40, el 50 o el 60%, sino si las reglas permiten que un mismo grupo económico acumule propiedad, influencia y capacidad de decisión sobre una actividad de la que depende el comercio de todo el país. Eso debería importarles a los trabajadores portuarios, a los exportadores, a los comerciantes y a las familias de Valparaíso y San Antonio, y no quedar como una discusión entre abogados y funcionarios.
Mientras las potencias discuten cómo conservar o ampliar sus posiciones, nosotros seguimos discutiendo cómo administrar mejor las concesiones de lo nuestro, sin preguntarnos cuánto poder estamos entregando ni cuánto beneficio se queda en el país. Nadie propone cerrar los puertos, espantar la inversión ni romper relaciones comerciales, ni cambiar la dependencia de Estados Unidos por una dependencia de China. Se trata de tener una política propia, que proteja la competencia efectiva, el trabajo digno y el desarrollo de nuestras ciudades, y que no quede subordinada a las necesidades de los grandes conglomerados.
La soberanía no se mide por las banderas que flamean en una cumbre, sino por la capacidad de un pueblo de decidir sobre sus recursos, su trabajo, su territorio y su futuro. Los imperios negocian entre ellos, las empresas negocian sus concesiones y los gobiernos firman los contratos. Falta saber cuándo le tocará al pueblo opinar sobre lo que también le pertenece. Y cuando ese día llegue, la pregunta no será por quién tomar partido en Shenzhen: será por qué tardamos tanto en dejar de necesitar un amo.
Jorge Bustos, Valparaíso
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