Ayer por la noche, 8 de mayo, revisé mis correos y ahí estaba finalmente la resolución de la Contraloría General de la República sobre las peticiones que presenté para que revisara la legalidad del llamado “Acuerdo por Valparaíso”. La verdad es que fui a buscarla porque un medio especializado ya había levantado la noticia antes incluso de que mucha gente conociera el contenido del dictamen. Algo raro, considerando que nunca fueron parte del conflicto.
Y lo primero que uno aprende leyendo este tipo de documentos es algo importante: los grandes poderes rara vez actúan diciendo directamente lo que hacen. Todo viene envuelto en palabras técnicas, conceptos administrativos y lenguaje jurídico que muchas veces buscan producir una sensación de normalidad.
La Contraloría dice que el “Acuerdo por Valparaíso” estaría dentro del marco legal porque existiría “coordinación” entre organismos públicos. Y claro, nadie podría oponerse a que las instituciones del Estado se coordinen. El problema comienza cuando esa coordinación deja de servir al interés público y empieza a transformarse en una herramienta para empujar un proyecto que ya estaba políticamente decidido de antemano y que no favorece a la gente, sino a grandes transnacionales y ricachones del país.
Lo digo porque eso es lo que aparece cuando uno mira el cuadro completo.
Durante años nos dijeron que TCVAL era un proyecto independiente. Pero, al mismo tiempo, después del “Acuerdo por Valparaíso”, la misma EPV y distintos actores públicos hablaban de él como la “primera etapa” de la ampliación portuaria de Valparaíso. Incluso organismos y actores ligados al proceso reconocen beneficios operacionales y logísticos asociados a un modelo integrado de expansión portuaria.
Entonces la pregunta es simple y cualquier vecino puede entenderla:
si todo forma parte de un mismo crecimiento portuario, ¿por qué jurídicamente lo separan en partes distintas? Se presenta como un todo, “La ampliación Portuaria” y así lo reconoce contraloría, pero el dictamen dice que no es así, porque EPV, lo dijo.
Y ahí aparece una de las claves del caso. Cuando los proyectos se fragmentan, la ciudadanía deja de discutir el impacto completo sobre la ciudad. Ya no se analiza el modelo total de expansión portuaria, sino pequeños pedazos separados. Así se reducen los impactos visibles, se limita el debate y se vuelve más fácil aprobar proyectos gigantescos sin discutir todas sus consecuencias juntas.
El dictamen de Contraloría evita entrar al fondo de ese problema. Prefiere validar el acuerdo hablando de “coordinación institucional”, pero no responde algo mucho más importante: qué ocurre cuando esa coordinación termina influyendo en organismos que después deben pronunciarse técnicamente sobre el mismo proyecto.
Y aquí viene algo que la gente debe aprender a mirar con atención. El municipio de Valparaíso, que antes mantenía observaciones y reparos sobre el proyecto, terminó modificando su postura en informes posteriores, vinculándola al propio “Acuerdo por Valparaíso”. Después vino la aprobación de la RCA. Y cuando uno revisa el acta del COEVA, después de más de diez años de conflicto y judicialización, prácticamente no existió una discusión técnica profunda sobre temas esenciales para la ciudad.
No hubo debate serio sobre impactos acumulativos. No hubo preguntas importantes sobre integración logística. No hubo discusión proporcional a la magnitud histórica de lo que estaban aprobando.
Eso enseña algo muy importante para cualquier ciudadano: muchas veces las grandes decisiones ya vienen políticamente cocinadas antes de las sesiones formales. Lo que la gente ve al final suele ser solamente la ceremonia administrativa de decisiones tomadas previamente, casi siempre por orden de los partidos, que se reparten las seremías que participan en estos eventos.
La demora de Contraloría para legitimar el “Acuerdo por Valparaíso” se mantiene. Todavía sigue sin responder una denuncia presentada el 29 de diciembre de 2025 por el caso Parque Barón, otro acuerdo entre organismos del Estado, mucho más trucho que el Acuerdo por Valparaíso, donde le expusimos antecedentes sobre posible desvío de fondos públicos, subsidio encubierto y eventual elusión ambiental vinculados al uso de infraestructura urbana para expansión logística-portuaria, en el caso Parque Barón.
Por eso este caso ya no se trata solamente de un puerto. Se trata de cómo funcionan los grandes poderes en Chile. De cómo se alinean instituciones completas detrás de proyectos estratégicos. De cómo se usan palabras como “coordinación” y “desarrollo” para hacer parecer técnicas decisiones profundamente políticas.
Pero también se trata de otra cosa: de que la ciudadanía puede aprender a defenderse.
Porque cuando la gente común, como nosotros, empieza a leer documentos, comparar versiones y conectar antecedentes, los grandes poderes comienzan a tener un problema. Ya no basta con emitir dictámenes o repetir comunicados. Tienen que empezar a explicar sus contradicciones.
Pero quiero llamar a la calma. Esto mismo sucedió en la gran batalla contra el Mall Barón. Perdimos 13 años, pero cuando logramos llegar a la Corte Suprema, les derrumbamos las mentiras y los grandes escritos justificando lo injustificable. No bajaremos los brazos ni la frente.
Defendamos la ciudad.
Región Valparaíso
Jorge Bustos
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