En Chile hay una frase que aparece cada vez que la ciudadanía pide mejores pensiones, más hospitales, viviendas dignas o una salud pública que no obligue a esperar meses por una atención: “no hay recursos”.
La escuchamos para explicar listas de espera, jubilaciones miserables o el abandono de regiones completas. Se nos repite que el Estado debe ser austero y responsable. Pero curiosamente, esa preocupación desaparece cuando se trata de rebajar impuestos a grandes empresas o mantener beneficios tributarios que llevan décadas favoreciendo a sectores con enorme capacidad económica.
Ahí sí aparecen márgenes, incentivos y creatividad fiscal. El debate abierto este 2026 en torno a la llamada “Ley de Reconstrucción” volvió a poner este tema sobre la mesa. La propuesta busca reducir gradualmente el impuesto que pagan las empresas, bajándolo desde 27% a 23% hacia 2029. Según distintos análisis económicos, esta medida significaría dejar de recaudar alrededor de 4.500 millones de dólares al año.
La cifra es enorme. Equivale aproximadamente a más de un tercio de todas las ayudas monetarias directas que el Estado entrega a las familias más vulnerables y representa casi todo el presupuesto anual del Ministerio de Vivienda.
Dicho de otra forma: el dinero que el Estado dejaría de recaudar podría financiar viviendas sociales, fortalecer hospitales públicos o mejorar ayudas para jubilados y familias que viven con lo justo.
Y aquí aparece una contradicción difícil de ignorar. Mientras el Estado intenta recuperar recursos combatiendo evasión y elusión tributaria mediante la Ley de Cumplimiento Tributario también por unos 4.500 millones de dólares, simultáneamente se abre espacio para devolver una cifra similar mediante rebajas tributarias al gran empresariado.
Es como llenar un balde con una mano mientras con la otra se le abre un agujero. El problema es que la carga tributaria chilena descansa principalmente sobre el consumo de las personas comunes y no sobre las grandes fortunas.
El ejemplo más evidente es el IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina y principal fuente de recaudación fiscal del país. Según datos oficiales, el IVA aporta cerca de la mitad de toda la recaudación tributaria nacional.
Eso significa que el Estado chileno se financia, en gran medida, con el consumo diario de millones de personas comunes.
Con el pan de una familia. Con los medicamentos de un jubilado. Con la cuenta de la luz.
Con el gas. Con los útiles escolares.
Cada vez que alguien compra algo básico para vivir paga 19% de IVA. Y ese impuesto no distingue entre un multimillonario y una trabajadora que gana el sueldo mínimo. La diferencia es que para las familias populares ese 19% representa un esfuerzo enorme, porque prácticamente todo su ingreso se va en sobrevivir.
Por eso el IVA ha sido descrito históricamente como un impuesto regresivo: porque el peso real del impuesto cae sobre quienes menos tienen. Y aquí aparece una diferencia que rara vez se explica con claridad: al ciudadano común no se le perdona el IVA. El impuesto se cobra todos los días y sin discusión.
En cambio, los grandes grupos económicos sí operan dentro de una extensa red de beneficios, exenciones y tratamientos especiales acumulados durante décadas. Algunas exenciones tienen un sentido social evidente, como salud o educación. Pero otras terminaron transformándose en beneficios permanentes para sectores altamente concentrados de la economía.
Según el Informe de Gasto Tributario del Servicio de Impuestos Internos, el Estado dejará de recaudar durante 2026 alrededor de 7.378 millones de dólares producto de exenciones y tratamientos preferenciales.
Y, sin embargo, después de décadas de aplicar estas políticas, Chile sigue sin despegar plenamente. Seguimos dependiendo de materias primas, con alta concentración económica y profundas desigualdades sociales.
Pese a ello, la receta vuelve a repetirse: cuando la economía se desacelera, se propone reducir impuestos al gran capital esperando que ahora sí el crecimiento finalmente llegue.
Pero detrás de esta discusión no hay solamente números. Hay adultos mayores esperando una operación, familias viviendo allegadas y trabajadores que deben elegir entre pagar medicamentos o llegar tranquilos a fin de mes.
Porque mientras a la mayoría del país se le cobra sin perdón cada vez que compra pan, remedios o paga la luz, a los grandes grupos económicos se les siguen abriendo puertas para rebajas y privilegios tributarios. Esa desigualdad no es accidental: es una decisión política.
Estas son algunas de las razones por las que distintas organizaciones sociales han decidido convocar a una protesta este 1 de junio. Una convocatoria a la que, a mi juicio, debieran sumarse trabajadores, jubilados, cesantes, estudiantes y pobladores que sienten que en Chile los sacrificios siempre recaen sobre los mismos.
Jorge Bustos
Defendamos la Patria
Añadir nuevo comentario