El anuncio de un ajuste fiscal de 3.000 millones de dólares, formalizado mediante el Oficio Circular N° 12, no es una medida técnica más. Es una decisión política que entra directo al corazón de los derechos sociales. Y cuando ese ajuste se aplica de forma transversal, recortando sin distinguir áreas sensibles, el impacto no es neutro: golpea con más fuerza a quienes la ley obliga a proteger primero, los niños, niñas y adolescentes.
No estamos hablando de cifras en una planilla. Estamos hablando de alimentación escolar, de atención en salud mental, de apoyos que permiten que un niño aprenda, se desarrolle y viva con dignidad. Cuando esos programas se debilitan o se eliminan, el Estado no está “ordenando sus cuentas”. Está retrocediendo en derechos.
Y ese retroceso, en Chile, no es legal. Existe un marco claro que el propio Estado se dio y que hoy está obligado a respetar: la Ley 21.430. Esta ley establece algo que no admite interpretación: en contextos de crisis, los recursos destinados a la niñez deben tener prioridad absoluta. No pueden ser los primeros en caer. Tampoco pueden retroceder. Si un derecho ya se garantiza alimentación, salud, apoyo educativo no puede simplemente eliminarse bajo el argumento del déficit.
Esto no es una opinión. Es una obligación jurídica. A eso se suma un principio básico del derecho social: la no regresividad. Traducido a lenguaje simple, significa que los derechos no pueden ir hacia atrás. Si un niño ya accede a un programa, el Estado no puede quitárselo sin demostrar que ese programa no funciona y, aun así, debe reemplazarlo por uno mejor. No por nada.
Además, Chile está obligado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que exige utilizar el máximo de los recursos disponibles para proteger a la infancia. Un recorte transversal, ciego, que no distingue prioridades, simplemente contradice ese mandato.
Por eso es importante decirlo con claridad: cuando el ajuste comienza por los niños, no estamos frente a una decisión difícil. Estamos frente a una vulneración de la ley.
Pero aquí viene lo más importante: esto no se detiene solo denunciándolo. Se detiene actuando.
La ley no es un adorno. Es una herramienta. Y como toda herramienta, sirve si se usa. Si un niño pierde acceso a alimentación, salud o apoyo educativo, cualquier persona puede activar la acción de tutela establecida en la misma ley. Esto se hace a través de las Oficinas Locales de la Niñez, sin necesidad de abogado, y obliga al Estado a responder frente a una vulneración concreta. No es una carta ni un reclamo simbólico: es una exigencia formal.
Si la amenaza es mayor o ya se está ejecutando, se puede recurrir a tribunales mediante el recurso de protección. Aquí hay un punto clave que muchas veces se ignora: se puede pedir una orden de no innovar, que obliga a mantener el beneficio mientras el tribunal resuelve. Es decir, se puede frenar el daño antes de que ocurra.
Y nada de esto debe hacerse de manera aislada. La fuerza está en lo colectivo. Los centros de padres, las comunidades escolares, las organizaciones territoriales tienen un rol que no pueden delegar. No solo pueden denunciar, también pueden exigir explicaciones públicas, coordinar acciones legales conjuntas y presionar institucionalmente. La ley de participación ciudadana no es decorativa: es una herramienta para fiscalizar y organizar.
Porque este no es un problema de un programa específico. Los propios datos lo muestran: una parte importante del presupuesto destinado a la niñez se está reduciendo, y varios programas directamente desaparecen. Eso no es eficiencia. Es una señal de hacia dónde se está empujando el ajuste.
Y esa señal no se va a detener sola. Por eso la defensa de la alimentación escolar, de la salud o de la educación no puede ser fragmentada. Tiene que transformarse en un punto de articulación más amplio. En un espacio donde quienes hoy se ven afectados entiendan que están frente al mismo problema.
Aquí no hay margen para la pasividad. Porque cuando el Estado decide que puede ajustar sobre los derechos de los niños, está cruzando un límite. Y los límites, cuando no se defienden, dejan de existir.
La invitación es clara: informarse, organizarse y actuar utilizando la ley como herramienta de defensa. No esperar. No delegar. No confiar en que alguien más lo hará.
Los derechos no se sostienen solos. Se defienden.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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