En 2010 la derecha aprobó en meses un royalty minero de su propio gobierno. En 2004 y en 2023 lo combatió cuando lo proponían otros. Quien hoy le pide al presidente Kast que patrocine el royalty portuario, y sobre todo si es abogado y administra una ciudad puerto, debería haber leído esa historia antes de levantar el lienzo.
Una foto sale barata. Los alcaldes y autoridades de las ciudades puerto levantan un lienzo que dice San Antonio es más que puerto y le piden al presidente que patrocine el royalty portuario. La palabra clave es patrocinar, porque el artículo 65 de la Constitución reserva al presidente la iniciativa para crear tributos, y no hay moción ni asamblea que lo cambie. Es el primer párrafo de cualquier manual. Por eso, cuando quien firma la petición tiene el título de abogado, la excusa de la ignorancia se agota: o no leyó el artículo, o lo leyó y pidió igual para la foto, y no sé cuál de las dos cosas es peor en quien administra una ciudad.
La historia, además, no deja espacio para la sorpresa. El royalty minero nació de un escándalo, cuando Exxon vendió la Minera Disputada de Las Condes a Anglo American por unos 1.300 millones de dólares después de operarla veinte años sin pagar casi impuesto a la renta. En 2004 el presidente Lagos mandó un proyecto con un 3% sobre las ventas, que requería cuatro séptimos de los diputados, es decir 66 votos. Obtuvo 61, contra 41 en contra y 8 abstenciones, con la Concertación más dos diputados de RN. El presidente de la Cámara de entonces, el democratacristiano Pablo Lorenzini, atribuyó el fracaso al lobby de las mineras sobre los parlamentarios de derecha. Un año después el gobierno volvió con otro nombre, impuesto específico a la actividad minera, con una tasa más baja y quince años de invariabilidad como premio. Así se aprueban estas cosas en Chile: cuando se parecen a lo que mandaron y quieren los afectados.
Y esa regla se confirmó en 2010. Tras el terremoto, el gobierno de Piñera, que ya era de derecha, propuso subir transitoriamente el royalty y negoció con la Concertación a cambio de extender la invariabilidad a las mineras que se acogieran voluntariamente. El Senado lo aprobó por 26 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, y el proyecto estuvo listo en menos de ocho meses desde el terremoto. Cuando el royalty era del gobierno de turno y conservaba lo que querían los afectados, el Congreso se movió rápido.
El royalty que terminó siendo la Ley 21.591 tuvo otro camino. No lo propuso ningún gobierno, sino un grupo de diputados de oposición, entre ellos Esteban Velásquez, Marcelo Schilling, Jaime Mulet y Pablo Vidal, que presentaron la moción en septiembre de 2018. Mientras gobernó Piñera, el Ejecutivo la objetó porque los tributos son de iniciativa exclusiva del presidente, y en 2021 el ministro de Minería la calificó de desbordar el orden institucional. Quedó dormida hasta que el gobierno de Boric, con el ministro Marcel, la patrocinó y la rehízo entera en 2022. Con ese respaldo, el Senado la aprobó en mayo de 2023 por 38 votos a favor, 2 en contra y una abstención, y en agosto fue ley. El Partido Republicano votó en contra en ambas cámaras. De la moción a la ley pasaron casi cinco años, y lo que cambió el resultado no fue la idea, que era la misma, sino que por fin había un presidente dispuesto a patrocinarla.
Pongamos a quien hoy debe patrocinar en esa cronología. José Antonio Kast fue diputado de la UDI entre 2002 y 2018. Se opuso al royalty de la Concertación en 2004 y 2005, apoyó en 2010 el de su propio gobierno, y el Partido Republicano, que él fundó, votó en 2023 contra el royalty que patrocinó Boric. Preguntarle si patrocina un royalty portuario sin leer esa hoja de votaciones es no hacer la tarea. Y no es un hombre desconocido: su historia está en el registro de la Cámara, a un clic de cualquier oficina municipal.
El royalty portuario, además, ya tuvo su primer round. En septiembre de 2025 la Cámara declaró inadmisible la moción del diputado Cuello, por 47 votos contra 41, justamente por falta de patrocinio, con carteles en la sala y todo. Cuello volvió con una indicación al proyecto de reconstrucción del Gobierno de Kast, mientras 43 gremios productivos escribían una carta contra la idea. Y el Congreso de hoy hace el ritual más estéril todavía: la derecha tiene 76 de 155 diputados, a dos de la mayoría, y puede llegar a 90 si suma al PDG, además de controlar las comisiones. En el Senado, Unidad por Chile tiene 20 de 50 escaños.
Lo más duro es lo que no hacen. La Ley 19.542, que ya está vigente, trae herramientas que no requieren votos de nadie. Su artículo 23 dice que los frentes de atraque funcionan, como regla, bajo esquema multioperador, y que el monooperador es la excepción, sujeta a condiciones. El artículo 19 permite que la empresa portuaria construya frentes nuevos con recursos propios si nadie se interesa. El artículo 13 obliga a que el plan maestro sea público y deja a cualquier particular pedir su modificación, con un directorio obligado a responder fundadamente en noventa días. El artículo 50 crea el Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, donde se sientan el Gobierno Regional y cada municipio, y yo quisiera saber cuántas veces sesionó y qué dejó escrito. Un abogado sabe lo que es una solicitud, un oficio, un recurso, un informe pedido por Transparencia. Esos no salen en la foto. Mientras tanto la Ruta 78 avanza con cuatro pórticos de peaje urbano sobre vecinos de Leyda, Malvilla y Aguas Buenas, los vecinos de Playa Ancho alto siguen soportando el ruido de los camiones por las noches y la Subsecretaría de Transportes respondió por escrito que SECTRA no emitió ningún informe entre 2024 y 2026 sobre si la región podía absorber la carga de sus puertos. Nadie lo preguntó antes, menos los municipios.
Que el presidente patrocine, si quiere, y ojalá lo haga. Pero la ciudad puerto no se salva pidiendo un favor a quien históricamente vota en contra del Royalty, sino exigiendo, con la ley en la mano, lo que ya le corresponde. Lo demás es un saludo a la bandera, con lienzo y todo, mientras las concesiones de las próximas décadas se cocinan en cuartos del poder sin que nadie pregunte por sus condiciones.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad / Región Valparaíso
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