Cuando ganan, son expertos; cuando pierden, la culpa es del mundo. Tras perder miles de millones de dólares en derivados atados a Estados Unidos, los administradores de nuestras pensiones nos deben una explicación, y solo caben dos: o sirvieron a intereses que no son los nuestros, o no entendían lo que hacían.
Hay que reconocerles un talento a los gerentes de inversión de las AFP: administran con maestría las consecuencias de sus propias decisiones. Cuando hay ganancias, aparecen los modelos matemáticos, las estrategias sofisticadas y los discursos sobre la excelencia profesional. Cuando las pérdidas se cuentan por miles de millones de dólares, la culpa es de los mercados internacionales. ¡Qué profesión más cómoda! Para celebrar los aciertos hay especialistas; para explicar los desastres alcanza con señalar el horizonte y encogerse de hombros.
Según las cifras difundidas por la prensa económica, las posiciones de los fondos previsionales chilenos en derivados vinculados a las tasas de interés estadounidenses acumularon pérdidas de valoración cercanas a los US$ 7.700 millones. Mientras tanto, trabajadores y pensionados miran cómo se achican sus ahorros, incluso en los fondos D y E, que muchos eligieron justamente para protegerse. Quien escoge un fondo conservador no pide una fortuna. Pide que no le jueguen el fruto de cuarenta años de trabajo. Y quien está a un paso de jubilarse no tiene el tiempo que sí tiene un joven para esperar a que el mercado se arrepienta.
Entonces conviene mirar quiénes son los que decidieron. No son aficionados que se juntaron un sábado a jugar póquer. Son profesionales con título universitario, con sueldos que la mayoría de los chilenos no verá en su vida, pagados precisamente para evaluar riesgos. Y hay un detalle que se les suele olvidar: esa plata no es de ellos. No se juegan su jubilación. Se juegan la nuestra. Es fácil ser audaz con el dinero ajeno.
De ahí la disyuntiva, que no inventé yo, sino que ellos construyeron con su conducta. O son unos mafiosos financieros que pusieron los ahorros de los trabajadores al servicio de los intereses de Wall Street, o son unos imbéciles que, después de la universidad y de años de sueldos millonarios, no entienden los riesgos de las operaciones que firman. No afirmo que exista un delito probado ni una operación concertada para socorrer a Estados Unidos con nuestro dinero. Afirmo algo más sencillo: que mientras no den explicaciones verificables, las dos hipótesis siguen sobre la mesa, y que ninguna de las dos los deja bien parados. Que nos digan qué intereses guiaron esas decisiones, qué riesgos conocían y por qué mantuvieron la exposición.
Porque el argumento del imprevisto no resiste el menor examen. Las tasas suben y bajan, los bonos fluctúan y los derivados multiplican tanto las ganancias como las pérdidas. Eso no es un secreto revelado por un cisne negro: es el abecé del oficio. La incertidumbre no es la excusa de los especialistas. Es la razón por la que se les contrata. Y si el Banco Central advirtió sobre estos riesgos, como se ha informado, hay que saber qué dijo, cuándo, a quién y qué hicieron las administradoras al enterarse. Si ellas mismas habían pedido límites regulatorios para estas operaciones, la pregunta es peor: ¿qué sabían, que no sabíamos nosotros, para aun así seguir arriesgando con nuestros fondos?
Digámoslo claro: una advertencia archivada no es una advertencia atendida. Y una presentación de PowerPoint que explica que el mercado se movió en la dirección equivocada no es una rendición de cuentas. Es un trámite con diapositivas.
Pero sería injusto cargarlo todo a las administradoras. Durante años, el Estado y los parlamentarios han mantenido un sistema en el que los trabajadores soportan íntegramente las oscilaciones de sus ahorros, mientras la administración cobra comisiones esté el fondo que sea en alza o en picada. Las comisiones las pagamos en dinero real, mes tras mes. La jubilación, en cambio, es lo que quede después de décadas y de lo que otros hayan hecho con ella. El Decreto Ley 3.500 fija obligaciones y responsabilidades, claro. La pregunta no es si existen, sino si previenen estas exposiciones, si la fiscalización llega a tiempo y si alguna consecuencia llega alguna vez a alguien es decir a estos inversionistas de pacotilla.
Por eso los parlamentarios que hoy se escandalizan ante las cámaras deberían contestar lo que ningún comunicado les pide: qué proyecto concreto van a presentar, qué controles van a exigir, qué sanciones proponen para quien incumpla y qué garantías le darán a quien no puede darse el lujo de perder años de ahorro. La indignación gratuita se agota en una semana. Una ley, no.
Y las medidas están a la vista, para quien quiera verlas: límites prudenciales efectivos para el uso de derivados; pruebas de resistencia que midan escenarios extremos y se hagan públicas; información comprensible para quienes son los verdaderos dueños del dinero; auditorías independientes; una Superintendencia capaz de actuar antes de que el daño sea irreversible, y responsabilidad administrativa, civil e incluso penal cuando los hechos y la ley la justifiquen. Incluso debe discutirse que quienes administran fondos previsionales respondan con su propio patrimonio cuando se acrediten negligencias graves. No para castigar a nadie porque una inversión perdió valor, sino para que la responsabilidad profesional deje de ser una frase bonita que desaparece cuando llegan las pérdidas.
Los trabajadores no estudiaron derivados. No tienen equipos de análisis ni escritorios en Nueva York. No deciden qué compra o vende una AFP. Pero hay algo que sí entienden perfectamente: si estos señores son tan expertos, que demuestren que actuaron en beneficio de los afiliados; si no supieron evaluar los riesgos, que respondan por sus decisiones; y si las reglas permiten que nuestros ahorros queden así de expuestos, que el Estado y el Congreso las cambien de una vez.
La plata es nuestra. La vejez también. Lo que no puede seguir siendo de ellos, sin consecuencias, es el privilegio de decidir sobre nuestro futuro y lavarse las manos cuando la apuesta sale mal.
El 18 a la Calle
Jorge Bustos
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