Aprobaron dónde estará la caleta de Roca La Baja, pero no hay plata para construirla. En 2021 prometieron entregarla en 2024, y hoy todavía falta hasta el diseño final. ¿Cuánto más van a esperar los pescadores que sacaron de Valparaíso en 2013? El Gobierno dice que hace justicia a una demanda histórica, y el propio subsecretario de Pesca admite que durante trece años hubo promesas que no se cumplieron. Lo que no recuerdan es que Roca La Baja ya era el lugar prometido hace cinco años, para una caleta que debía estar lista en 2024. ¿Qué se aprobó realmente y qué sigue sin existir?
Cuando un titular dice que una obra logra el visto bueno para avanzar, uno quisiera creerle. El Mercurio de Valparaíso informó que la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero aprobó por unanimidad incorporar la Caleta Joya del Pacífico al Decreto Supremo N.º 240, lo que según la nota establece oficialmente su emplazamiento definitivo en Roca La Baja, junto a la Caleta El Membrillo. Seamos justos: fijar el lugar es un paso real, y que los pescadores de la ex Caleta Sudamericana tengan por fin una dirección en el mapa no es poca cosa. El problema aparece cuando se lee lo que viene después. La propia nota dice que la siguiente etapa contempla avanzar en el diseño y solo luego en la construcción, la imagen que la acompaña trae una leyenda que reconoce que el proyecto debe avanzar en su diseño definitivo, y el delegado presidencial habla de la futura inversión de la Dirección de Obras Portuarias. Un lugar, un dibujo y un futuro.
Las autoridades llamaron a la aprobación una respuesta concreta a una demanda histórica y aseguraron que hace justicia. Pero el tema es que no hay dinero disponible para construir esta caleta. Una cosa es la justicia y otra muy distinta es un decreto, y aprobar por unanimidad resulta fácil cuando aprobar no cuesta un puto peso.
Y aquí está lo que el titular omite: el lugar que hoy se celebra no es una novedad. El 23 de octubre de 2021 el gobierno de Sebastián Piñera firmó con los pescadores un acuerdo para construir la caleta definitiva precisamente en Roca La Baja, con diseño financiado por Obras Portuarias, y el 24 de noviembre, en una ceremonia con los sindicatos SIPSA y SIPELANCH, la entonces subsecretaria de Pesca prometió que estaría lista en 2024. Piñera dejó La Moneda en marzo de 2022, el plazo corrió completo bajo el gobierno de Gabriel Boric, que heredó el compromiso, lo vio vencer y no lo cumplió, y hoy, con el gobierno de José Antonio Kast, se presenta como avance la formalización de un sitio que ya estaba elegido hace cinco años. Cinco años para volver al punto de partida.
Lo más elocuente lo dijo el subsecretario Osvaldo Urrutia: los pescadores han sufrido durante trece años un traslado que no pidieron y promesas que no se cumplieron. Tiene razón, y no es frecuente oírlo de una autoridad. Pero quien reconoce que se incumplieron compromisos y a continuación ofrece una etapa de diseño de la que en la nota no aparece fecha, monto ni cronograma, repite el gesto que acaba de criticar. Reconocer el daño no lo repara.
Ese daño empezó en agosto de 2013, cuando se cerró la Caleta Sudamericana por la ampliación portuaria y muchos pescadores terminaron en Caleta El Manzano, en Quintero, a más de cuarenta kilómetros de su mar, de sus familias y de sus clientes. Se habló de una medida transitoria. Con ellos se fue algo más que una flota: encarnadoras, lancheros, tripulantes, comerciantes y proveedores que dejaban cada día su ingreso en los almacenes y negocios del barrio puerto. Una economía popular entera salió de la ciudad a cambio de la promesa de algo mejor, como nos tiene acostumbrados los ejecutivos y directores de la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV), pero que al final nunca les resulta.
Esa fila de promesas heredadas es lo que más debería incomodar, a todos los porteños. En la misma región sí hubo recursos concretos para otras caletas, como Portales, El Quisco o Juan Fernández, de modo que el problema no es la ausencia de plata en el Estado, sino el lugar que ocupan estos pescadores en la lista, de los con suerte. Si el incumplimiento fuera de un solo gobierno, bastaría con cambiar de gobierno. Pero una administración de derecha, una de “progresista” y otra de derecha dura han pasado frente al mismo compromiso sin que cambie lo esencial, y eso habla de una institucionalidad donde la promesa a los pescadores no pertenece a nadie, porque no tiene un presupuesto que la sostenga ni un responsable que responda por ella.
El momento del anuncio también merece una mirada. Corre en tribunales un juicio de pescadores de la ex Caleta Sudamericana que busca anular el traslado de 2013, y en julio fue citado a declarar como testigo el gobernador Rodrigo Mundaca y antes lo hice como testigo de los pescadores, cuestión que la representación de la EPV, trato de anular. Hace meses, además, el sindicato SIPSA cuestiona públicamente el uso actual de los terrenos de la antigua caleta, algo que la Empresa Portuaria Valparaíso debería aclarar con documentos: quién los ocupa hoy, con qué título, bajo qué condiciones y con qué beneficio para la empresa. Que una buena noticia llegue justo cuando la presión judicial se abre no prueba nada por sí solo. Pero obliga a preguntar para quién fue pensada.
Hay, además, una asimetría que no se puede pasar por alto. Quien anuncia sabe distinguir entre un decreto, un código BIP, una glosa presupuestaria y una obra ejecutada. Quien lleva trece años esperando no tiene por qué dominar esa letra chica, y lee que la caleta avanza. Ahí se produce el daño: se administra la esperanza de gente que ya fue engañada por el tiempo, dicho en buen chileno nos están viendo debajo del calzoncillo. Entre el diseño, la evaluación social, los trámites ambientales y la licitación de obras marítimas, los plazos habituales empujan la solución al menos tres a cinco años más. Un pescador desplazado a los cuarenta años podría volver su caleta a los sesenta.
La salida es simple y está al alcance de cualquiera con una solicitud de transparencia. Que la Dirección de Obras Portuarias muestre los estudios contratados desde 2021 y cuánto costaron. Que Desarrollo Social diga si el proyecto tiene código BIP y qué calificación técnica. Que Defensa entregue el acta de la comisión y el estado de la destinación marítima. Que la Empresa Portuaria rinda los montos efectivamente gastados en cumplimiento de los convenios de 2013, 2021 y 2023. Si hay presupuesto, que se diga cuánto, de dónde y cuándo. Y si no lo hay, que se diga también, sin ceremonias, y terminen de una vez de engañar.
Porque lo que Valparaíso perdió no fue un trámite que se demoró. Perdió una caleta, empleos, años y una parte de su vida productiva, y todavía nos piden aplaudir una aprobación. La vergüenza no es que una obra tarde. Es que, después de trece años y tres gobiernos, se intente hacer pasar un sitio elegido en 2021 por una solución en 2026.
Jorge Bustos Valparaíso
Solo son eficientes en sus…
Solo son eficientes en sus intereses y en los de sus amos internacionales.
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