Durante quince años esta ciudad esperó una fecha para recuperar su borde costero norte. Ahora que el 2030 se acerca, alguien quiere correrla. Antes de que algún concejal levante la mano, hay preguntas que San Antonio merece ver respondidas.
Entre 2014 y 2015, con Omar Vera como alcalde, el Concejo aprobó y la Municipalidad promulgó la modificación del Plan Regulador de los sectores portuarios norte y sur. No fue casualidad: el propio documento decía lo que se buscaba, que era concentrar los usos portuarios al sur y liberar el norte para usos públicos, turísticos y recreativos. Se prometió además reducir los conflictos entre puerto y ciudad y devolverles a los sanantoninos áreas del borde costero, con áreas verdes, restaurantes, bares y comercio. Eso se planificó y eso se le dijo a la ciudad.
Como había concesiones portuarias vigentes, se le puso a la norma un "chanfle": en la zona prevista para usos turísticos, de transporte y áreas verdes, las nuevas reglas no regirían de inmediato, sino recién el 1 de enero de 2030. Hasta entonces seguiría el uso portuario. Perfecto. Desde ese día San Antonio lleva quince años esperando una sola fecha.
Y ahora que el calendario se acerca, la Empresa Portuaria y la Municipalidad, con algunos concejales de testigos, andan buscando el mecanismo para modificar otra vez el Plan Regulador y extender el uso portuario actual en los terrenos de los sitios 8 y 9, donde operan Puerto Panul y QC Policarpo Toro. Es decir, casi diez años más de sacrificio para unos terrenos que podrían aportar directamente al desarrollo local desde el 2030. Entonces la pregunta cae por su propio peso: ¿qué pasó con el 2030?
Una cosa es esperar quince años para permitir que funcionen y terminen concesiones que ya existían. Otra muy distinta es llegar al final de ese plazo y, en vez de discutir cómo se materializa lo que se le ofreció a la ciudad, descubrir que lo que se discute es cómo postergarlo. Y ahí aparece el negocio del Sitio 8. EPSA inició ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia el procedimiento para las futuras licitaciones del Molo Sur y del Terminal Sitio 8. Los antecedentes presentados al TDLC describen la nueva concesión como transitoria y acotada, y EPSA indica que las bases proponen ocho años: del 1 de enero de 2030 al 31 de diciembre de 2037. Pero el actual concesionario ya dejó planteado ante el mismo tribunal que esos ocho años se cuenten desde que él entregue las instalaciones y no desde el 1 de enero de 2030. ¿En qué quedamos? ¿Son o no son ocho años?
Conviene ponerle rostro a ese plazo. Un niño que entre a primero básico en 2030 estará terminando la enseñanza básica cuando la concesión se acabe. Por eso llama la atención lo fácil que se ha instalado, en la Municipalidad y entre los concejales, la idea de que esos ocho años son la continuación natural de lo que ya existe. No lo son. Mantener lo aprobado y dejar que en 2030 comiencen por fin a regir las normas turísticas y de áreas verdes también es una decisión, y una buena para la ciudad. Es, además, lo que se ha esperado durante quince años. El borde costero norte, uno de los espacios más valiosos que tiene San Antonio, ya no puede ser asunto exclusivo de la empresa portuaria. Es una decisión de ciudad, y que nadie cambie esa discusión.
Por eso las explicaciones tienen que ser tan serias como el tema. ¿Por qué ocho años? ¿Quién hizo el estudio que demuestra que el Sitio 8 es indispensable hasta fines de 2037? ¿Qué pasará si llegamos a 2037 y nos dicen que necesitan cuatro, ocho o dieciséis años más? ¿Qué alternativas se estudiaron? ¿Era posible una transición? ¿Hasta cuándo tiene que seguir esperando San Antonio? Y hay una pregunta todavía más simple: ¿qué recibe la ciudad a cambio?
En otras partes del mundo los puertos hacen bastante más que mitigar impactos. Se comportan como el mejor vecino: construyen espacios innovadores para la ciudad puerto, calefaccionan barrios, forman a los futuros trabajadores marítimos, desarrollan proveedores locales. Aquí, en cambio, llevamos décadas escuchando lo que necesita el puerto: terrenos, accesos, carreteras, concesiones, crecer, más plazo. Muy bien. Yo he trabajado toda una vida vinculado al mundo portuario y sé perfectamente que un puerto requiere condiciones para funcionar. Pero la ciudad también necesita cosas: desarrollo, espacios públicos, recuperar su relación con el mar y una actividad económica que no dependa solo del chorreo de mover carga. Y necesita, de una vez por todas, que cuando se tome una decisión portuaria alguien pregunte qué gana la ciudad. Esa autoridad dispuesta a defenderla es la que echo de menos.
Tener uno de los puertos más importantes del país sirve de poco si la riqueza que genera no beneficia a quien lo acoge. Los sanantoninos cargan con los costos ambientales, sociales y urbanos del negocio portuario y rara vez reciben su justa retribución. Por eso la responsabilidad no es solo de EPSA, también es del alcalde y de los concejales. En 2015, con Omar Vera en la alcaldía, San Antonio decidió concentrar el desarrollo portuario al sur y dejar planificado otro futuro para el borde norte desde 2030. Quince años después, con Vera otra vez en la alcaldía, el negocio portuario quiere el Sitio 8 por casi una década más. ¿Qué legado dejarán este alcalde y este Concejo? ¿Harán respetar lo que la ciudad espera desde hace quince años, o volverán a correr la fecha para que el negocio siga otros ocho?
Hay que recordarle al alcalde, y mostrarles a los nuevos concejales, que en 2015 el municipio se comprometió con la ciudadanía mediante el Decreto 3099 a "fomentar la generación de espacios públicos de recreación, circulación de la población y aumentar áreas de esparcimiento en el borde costero, recuperando estas áreas para uso de la Comunidad". Si para cambiar eso hay que modificar el Plan Regulador, llegará el momento en que alguien tenga que levantar la mano. Antes de hacerlo, yo esperaría que pudiera responderle a cada sanantonino algo bastante sencillo: ¿por qué ocho años más?, ¿qué obtiene San Antonio durante ese tiempo? y ¿qué habrá perdido cuando llegue al 2038? Si hay buenas respuestas, que la ciudad las conozca. Si hay estudios, que los muestren. Si no existe alternativa, que lo demuestren. Pero primero, respondan.
Porque llevamos demasiados años acostumbrándonos a que, cuando el negocio portuario necesita algo, la ciudad tiene que entender. Tal vez llegó el momento de invertir la pregunta: ocho años más para el negocio, ¿y para San Antonio qué?
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad – Región de Valparaíso
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