El pasado miércoles 18 de marzo de 2026, en una página que pocos leen con detención la sección “Tribuna del Lector” de El Mercurio de Valparaíso se deslizó una idea que, bajo el ropaje de la sensatez técnica, esconde una ambición profunda: la necesidad de un Plan Nacional de Infraestructura al año 2055 que “trascienda a los gobiernos”. No fue portada ni abrió el debate matinal, pero allí estaba. Las ideas que moldean el futuro suelen instalarse así, en los márgenes, donde se prueban los discursos y se construye el sentido común que más tarde se transforma en política pública. Y no es azaroso: quien escribe no es un ciudadano de a pie, sino un representante de los espacios donde precisamente se diseñan estas estrategias.
Dicho de manera simple, la propuesta parece inofensiva: planificar a largo plazo para evitar que los proyectos se detengan cada cuatro años. Sin embargo, lo que está en juego no es la eficiencia logística, sino la calidad de nuestra democracia. Al plantear que un plan debe sobrevivir a los cambios de mando, lo que realmente se propone es que las decisiones estratégicas queden fuera del alcance de la ciudadanía y del conflicto legítimo. Se busca estabilidad, sí, pero debemos preguntarnos: ¿estabilidad para quién? Bajo esta lógica, ciudades como Valparaíso o San Antonio dejan de ser comunidades vivas para convertirse en meras piezas de una cadena logística global. Se habla de conectividad y competitividad, pero se omite el barrio, la identidad y la vida cotidiana.
El resultado es una asimetría brutal donde el trabajo, el impacto ambiental y la presión sobre el territorio son estrictamente locales, mientras que la riqueza se concentra en operadores y concesionarios que toman decisiones lejos de la ciudad que sostiene el modelo. Pero hay un riesgo aún más silencioso: la infraestructura como cerrojo. Estos planes a treinta años suelen venir amarrados a contratos que obligan al Estado a garantizar rentabilidades, hipotecando no solo el espacio, sino la voluntad política de las próximas generaciones. Si en el futuro la ciudad decide que quiere un borde costero para el esparcimiento y no para el cemento, el costo de "romper el plan" será una deuda impagable. No solo nos quitan el territorio; nos quitan el derecho a cambiar de opinión.
Se nos dirá que esto es gestión y no ideología. Pero toda planificación es profundamente política cuando decide prioridades y define quién gana y quién pierde. Lo técnico es solo el lenguaje que encubre la intención de blindar un modelo que necesita territorios disponibles, pero no ciudadanos activos. Por eso, el problema no es pensar a largo plazo; el problema es hacerlo sin la ciudad. Cuando las comunidades no participan de manera vinculante, lo que se construye no es desarrollo, sino imposición. La ciudad deja de ser sujeto y pasa a ser objeto de una maquinaria que funciona perfectamente para enriquecer a otros.
Esto no se resuelve solo con indignación, sino con organización. Es imperativo volver a poner el territorio en el centro, traduciendo cada proyecto a su impacto real en el barrio y en el borde costero. Debemos articular una unidad social que trascienda lo portuario y abarque lo urbano, lo ambiental y lo cultural. Hay que decirlo sin rodeos: desarrollo no es crecimiento a cualquier costo, modernización no es entregar la ciudad e inversión no es sinónimo de bienestar. Lo que hoy aparece como una opinión en una página interior, mañana será la justificación para decirnos que “esto ya está decidido”. Las ciudades no son plataformas logísticas ni zonas de sacrificio. Si la planificación pretende pasar por encima de la comunidad, entonces es despojo, y frente al despojo, la única respuesta legítima es la conciencia y la lucha. El derecho a la ciudad no se delega: se defiende.
Jorge Bustos
Defendamos la Ciudad
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